B.S. v. Spain

A Spanish woman of Nigeria origin was allegedly verbally and physically abused when she was stopped and questioned while working as a prostitute in the street on two occasions. She lodged a complaint with the investigating judge who asked the police headquarters to produce an incident report in which the identities of the police officers on patrol at the time of the incidents differed from those indicated by the applicant. The judge subsequently made a provisional discharge order and discontinued the proceedings on basis of insufficient evidence. The applicant applied for a review, asking to identify the police officers and obtaining witness statements, but the request was rejected. She lodged an appeal, leading to the reopening of the proceedings at which the police officers were acquitted on basis of the police headquarters’ report. The applicant was again stopped for questioning. Her criminal complaint, review request and subsequent appeal were all unsuccessful. The ECtHR considered that the investigative steps taken had not been sufficiently thorough and effective to satisfy the requirements of Article 3 of the Convention, and found a violation of Article 3. With respect to allegations of ill-treatment, the Court was unable to find a violation in this respect due to inconclusive evidence. The Court considered that the domestic courts had not taken into account the applicant's special vulnerability inherent in her situation as an African woman working as a prostitute. The authorities had not taken all possible measures to ascertain whether or not a discriminatory attitude might have played a role in the events. The Court therefore concluded that there had been a violation of Article 14 in conjunction with Article 3.

Una mujer española de origen nigeriano fue supuestamente abusada verbal y físicamente cuando fue detenida e interrogada mientras trabajaba como prostituta en la calle en dos ocasiones. Presentó una queja ante el juez, el que pidió a la comisaría de policía que presentara un informe de incidentes en el que las identidades de los policías en patrulla en el momento de los incidentes no coincidieran con las indicadas por el solicitante. Despues, el juez dictó una orden de baja provisional e interrumpió el procedimiento por falta de pruebas. La solicitante solicitó una revisión, solicitando identificar a los oficiales de policía y obteniendo declaraciones de testigos, pero su solicitud fue rechazada. Ella presentó una apelación, lo que llevó a la reapertura de los procedimientos en los cuales los agentes de policía fueron absueltos con base en el informe de la sede de la policía. La solicitante fue nuevamente detenido para ser interrogada. Su denuncia penal, solicitud de revisión y posterior apelación fueron infructuosas. El TEDH consideró que las medidas de investigación tomadas no habían sido lo suficientemente exhaustivas y efectivas para satisfacer los requisitos del artículo 3 de la Convención, y encontró una violación del artículo 3. Con respecto a las denuncias de malos tratos, el Tribunal no pudo encontrar una Violación a este respecto debido a pruebas no concluyentes. El Tribunal consideró que los tribunales nacionales no habían tenido en cuenta la especial vulnerabilidad de la demandante inherente a su situación como mujer africana que trabajaba como prostituta. Las autoridades no habían tomado todas las medidas posibles para determinar si una actitud discriminatoria podría haber desempeñado un papel en los hechos. En consecuencia, el Tribunal concluyó que se había violado el artículo 14 en relación con el artículo 3.